La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) autorizó a Estados Unidos supervisar y controlar el crudo venezolano, en el marco de una relajación de sanciones por parte del gobierno del presidente Donald Trump, según reportaron este 26 de marzo de 2026 medios especializados. La medida representa un giro significativo en la política energética del país, que históricamente ha mantenido un férreo control estatal sobre sus recursos petroleros, y ocurre bajo la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la detención del exmandatario Nicolás Maduro en enero de 2026.

El acuerdo, reportado inicialmente por Negocios TV a través de YouTube bajo el titular 'ÚLTIMA HORA: Venezuela entrega su petróleo: PDVSA da luz verde y EEUU controlará el crudo venezolano', implica que autoridades estadounidenses tendrán acceso para supervisar las operaciones de PDVSA relacionadas con la producción, exportación y comercialización de petróleo. Esta supervisión se enmarca en la flexibilización de sanciones económicas impuestas por Washington, que habían restringido severamente las transacciones petroleras venezolanas en mercados internacionales desde 2019.

Según Radio Miraflores, citada en Google News bajo el titular 'EEUU relaja sanciones a PDVSA para invertir en crudo venezolano', la relajación de sanciones por parte del gobierno del presidente Donald Trump incluye permisos para que empresas estadounidenses inviertan en el sector petrolero venezolano, lo que podría reactivar una industria que ha sufrido una caída dramática en su producción, pasando de más de 3 millones de barriles diarios a principios de la década de 2000 a menos de 500.000 barriles diarios en años recientes, según datos de la OPEP. La fuente no especifica montos de inversión ni plazos concretos, pero señala que el control estadounidense busca garantizar transparencia en el uso de los recursos.

El contexto histórico de esta medida se remonta a las sanciones impuestas por Estados Unidos durante la administración del exmandatario Nicolás Maduro —actualmente detenido—, que incluían prohibiciones a transacciones con PDVSA y congelamiento de activos en el exterior, argumentando corrupción y violaciones de derechos humanos. Bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, Venezuela ha buscado reintegrarse a los mercados globales, y este acuerdo con Washington representa un paso hacia la normalización de relaciones económicas, aunque con condiciones de supervisión externa sin precedentes en la era post-Maduro.

El impacto inmediato de esta autorización podría incluir un aumento en la producción petrolera venezolana, atracción de inversión extranjera directa y mejoras en la infraestructura energética, pero también genera preocupaciones sobre la soberanía nacional y el control de recursos estratégicos. Analistas consultados por los medios señalan que la medida refleja la urgencia del gobierno venezolano por obtener divisas ante una crisis económica prolongada, con una inflación que superó el 300% en 2025 según estimaciones independientes, y una deuda externa que ronda los 150.000 millones de dólares.

En perspectiva, este acuerdo podría marcar un punto de inflexión en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, que habían estado severamente deterioradas durante la administración del exmandatario Nicolás Maduro. La supervisión estadounidense sobre el crudo venezolano podría extenderse a otros sectores económicos si se demuestra efectiva en reducir riesgos de corrupción y garantizar flujos comerciales estables. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación práctica, la cooperación entre PDVSA y autoridades estadounidenses, y la reacción de otros actores internacionales como China y Rusia, que han sido socios clave de Venezuela en el pasado.